Washington ata el petróleo venezolano a la transición y fija la próxima ronda en diez días
Delcy Rodríguez firmó en Miraflores con Chevron, Eni y GE Vernova ante el secretario de Energía Chris Wright. Rubio anunció que el diálogo entre gobierno interino y oposición se reanuda en unos diez días y defendió el acuerdo como ventaja frente a China, Rusia e Irán.
Dos anuncios corrieron en paralelo el miércoles y conviene leerlos juntos, porque el gobierno estadounidense los presenta como partes de la misma operación. En Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó contratos con Chevron y Eni para reactivar los hidrocarburos y con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica, ante el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio anunciaba que la próxima fase del diálogo político venezolano ocurrirá en unos diez días.
El acuerdo bilateral coloca en manos estadounidenses alrededor de una quinta parte de las reservas probadas del país con las mayores del mundo: unos 65.000 millones de barriles distribuidos en 17 campos, según la información difundida sobre las negociaciones. La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, lo respaldó el martes. Ese mismo día Chevron anunció la ampliación de sus operaciones en el país.
La secuencia de tres fases
Rubio viene explicando la estrategia estadounidense posterior a la caída de Maduro como una secuencia: estabilización, recuperación económica y, recién entonces, transición política. La justificación que ofrece es que un futuro gobierno electo no debería heredar un Estado colapsado. El petróleo es la pieza central de la fase intermedia, y el acuerdo con North American Blue Energy Partners contempla la explotación de esos 17 campos con inversiones para elevar la capacidad productiva.
Wright afirmó a CNBC que la producción venezolana, hoy de 1,2 millones de barriles diarios, superará los 2 millones antes de que termine la década. Rubio sostuvo que en el corto plazo Estados Unidos puede controlar mediante auditorías de la firma KPMG el dinero que genere el nuevo esquema, y que en el largo plazo esos recursos deberán quedar bajo responsabilidad de un gobierno surgido de las urnas.
El acuerdo ofrece ciertas ventajas a corto plazo, dijo Rubio, pero también garantiza que sea Estados Unidos y no China, Rusia o Irán quien ocupe una posición dominante frente al mayor productor de petróleo del continente.
El calendario que nadie fija
En lo político, las precisiones son menores. Rubio dijo a la radio de Fox News que la próxima fase de conversaciones, facilitadas por Washington, será en unos diez días, sin especificar fecha ni sede. El primer ciclo se celebró en agosto, con delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez por el gobierno interino y Dinorah Figuera por la oposición.
Preguntada el miércoles en Caracas, Delcy Rodríguez respondió que habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada. Rubio, por su parte, advirtió que las elecciones democráticas no se reducen a la celebración de comicios, sin detallar qué otros requisitos exige Washington para reconocer una transición completa. Ambas formulaciones tienen la misma estructura: comprometen el resultado y dejan abierta la fecha.
El secretario de Estado comparó el proceso con Europa del Este y sostuvo que allí hicieron falta cuatro o cinco años, mientras que aquí podría lograrse mucho más rápido. Es la primera vez que un funcionario estadounidense de ese rango pone un orden de magnitud temporal, aunque sea por comparación.
La tensión que queda
El punto que incomoda a sectores de la oposición y también del chavismo es de secuencia: el componente económico avanza con contratos firmados, montos y cronogramas de producción, mientras el componente electoral se mueve con plazos aproximados y condiciones sin definir. Un esquema de explotación de veinte años puede quedar consolidado antes de que exista una autoridad electa capaz de revisarlo.
Para la región, el asunto excede a Venezuela. Un país americano firmando el control de un quinto de sus reservas con una potencia extranjera, mientras esa misma potencia facilita las negociaciones sobre su futuro político y audita los ingresos que genera el acuerdo, plantea a los organismos hemisféricos una pregunta que hasta ahora esquivan: qué nombre recibe esa figura y qué precedente deja para el resto del continente.