La detención de Cerimedo en Bolivia abre revisiones en cuatro países
El consultor argentino está en prisión preventiva por 180 días, imputado como autor intelectual del ataque a su expareja. Su caída reabrió preguntas sobre sus campañas en Chile, su papel en Bolivia y su mención en la causa brasileña de 2022.
Un consultor político trabaja, por definición, fuera del registro público: no aparece en las boletas ni rinde cuentas ante nadie más que quien le paga. Por eso la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, en agosto, produjo un efecto poco habitual en la región: obligó a mirar de frente una carrera que se había construido en la sombra y que atravesó al menos cuatro países.
Cerimedo, publicista argentino de 45 años y cofundador del medio digital de derecha La Derecha Diario, quedó detenido tras el ataque a tiros contra su expareja, la analista política Nadia Beller. El 21 de agosto un tribunal ordenó su prisión preventiva por 180 días en el penal de Palmasola mientras se investiga la causa. La Fiscalía boliviana lo imputó como autor intelectual del ataque, en un proceso por tentativa de feminicidio, y abrió después investigaciones separadas por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestos vínculos con el narcotráfico. Ninguno de esos procesos ha derivado en condena.
El método que exportó
Lo que hizo de Cerimedo una figura regional no fue una idea sino un procedimiento: campañas negativas, cuentas coordinadas y manipulación de tendencias, empaquetados como servicio replicable de país en país. En la campaña presidencial argentina de 2023 admitió haber estado a cargo de miles de cuentas en redes al servicio de Javier Milei, y durante un tramo el hoy presidente le delegó la fiscalización de votos, tarea de la que después fue apartado.
En Bolivia, su presencia pasó de la campaña al Ejecutivo. Tras el balotaje de 2025 reconoció haber trabajado para Rodrigo Paz —antes lo había negado— y en 2026 se presentó públicamente como su asesor personal, mientras la prensa boliviana documentaba su participación en reuniones de gobierno pese a no tener cargo formal. Durante aquella campaña circularon contenidos que atribuían a Samuel Doria Medina la compra de encuestas con dinero del narcotráfico y a Jorge Quiroga un financiamiento ruso, además de un video generado con inteligencia artificial que simulaba la voz de Doria Medina. La verificadora Bolivia Verifica determinó que esas afirmaciones eran falsas.
El expediente brasileño
En 2024, la Policía Federal de Brasil incluyó a Cerimedo entre 37 personas mencionadas en la investigación por el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2022. Fue citado en la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal que autorizó allanamientos y arrestos en esa causa, la misma que terminó con una condena de 27 años contra Jair Bolsonaro. La Procuraduría no lo acusó formalmente. Él calificó el proceso como persecución política e ideológica.
El episodio brasileño explica por qué su nombre reaparece cada vez que se discute la circulación transfronteriza de operaciones digitales: no por lo que se probó contra él, que hasta ahora es nada, sino porque su presencia funciona como marcador de un circuito que las autoridades nacionales rara vez alcanzan a mapear completo.
La revisión chilena
En Chile, la detención reactivó el escrutinio sobre sus trabajos previos. El Mostrador, que entrevistó a Beller, revisó su paso por la campaña del Rechazo en el plebiscito de 2022 y su coincidencia con personas que hoy integran el gobierno de José Antonio Kast. El Presidente niega que Cerimedo haya trabajado para él y no existen pruebas concluyentes de una intervención suya en la presidencial de 2025. La revisión, por ahora, es periodística: no hay causa abierta en Chile.
En Argentina, la lectura fue de otro orden. Desde la prensa se planteó que con la caída de Cerimedo el gobierno de Milei perdió a uno de los armadores de su proyectado bloque regional de derecha, justo cuando esa articulación buscaba consolidarse en encuentros como el Foro Madrid, que sesiona hoy en Santiago.
Qué queda por establecer
El caso ordena una discusión que la región venía dando en abstracto. Las campañas de desinformación se investigan casi siempre como fenómeno técnico —cuentas, algoritmos, alcance— y casi nunca siguiendo el dinero y los contratos que las hacen posibles. Una causa por enriquecimiento ilícito contra un consultor que trabajó en varios países podría, si prospera, producir el primer registro documentado de cómo se financia ese negocio.
Conviene subrayar el límite: Cerimedo está imputado, no condenado, y en las causas bolivianas rige la presunción de inocencia como en cualquier otra. Lo que ya ocurrió, con independencia de la sentencia, es que un mercado que operaba sin registro quedó por primera vez descrito en expedientes judiciales de más de un país.