Un comunicador asesinado en Puebla había advertido públicamente que estaba amenazado

Meses antes de morir baleado, Ricardo Zúñiga Rosas dejó una advertencia escrita en su cuenta de Facebook: si algo llegaba a pasarle, sus lectores ya sabrían por qué. El fotógrafo y creador de contenido, de 35 años, fue atacado con arma de fuego el 29 de agosto dentro de un negocio de su propiedad en Tehuitzingo, un municipio del sur del estado mexicano de Puebla, y murió a consecuencia de las heridas.

De acuerdo con reportes de la prensa local, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el establecimiento y dispararon contra él a corta distancia. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el crimen el 1 de septiembre y exigió a las autoridades federales y estatales una investigación que trate su actividad informativa como línea prioritaria, no como un dato secundario del expediente.

Ese punto es el nudo del caso. Zúñiga Rosas no trabajaba en una redacción: difundía por redes sociales fotografías, información local y comentarios sobre asuntos de interés para su comunidad, incluidas críticas a la administración municipal. Esa figura —el comunicador digital sin respaldo institucional, sin sindicato, sin abogados de una empresa detrás— es hoy uno de los perfiles más expuestos de la región, y también uno de los que más problemas genera a la hora de contabilizar agresiones contra la prensa.

Las amenazas estaban documentadas

La organización Artículo 19 informó que el fotógrafo había denunciado amenazas en mayo pasado, después de publicar imágenes e información sobre asuntos locales. Según sus propias publicaciones, las advertencias apuntaban a que dejara de abordar temas políticos y de criticar a las autoridades del municipio. Es decir: existía un antecedente público, fechado y conocido por organizaciones de derechos humanos, cuatro meses antes del ataque.

Hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente un móvil ni han determinado si aquellas amenazas guardan relación con el homicidio. Esa indefinición inicial es común en los expedientes mexicanos y suele decidir el destino del caso: cuando la hipótesis del trabajo informativo no se abre desde el primer día, las pruebas que podrían sostenerla —los mensajes, los reclamos previos, quién los emitió— se enfrían junto con la escena del crimen.

Es indispensable establecer si su asesinato estuvo relacionado con su trabajo informativo y esclarecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales, sostuvo Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El cuarto caso del año

Los registros de la SIP ubican el asesinato de Zúñiga Rosas en una serie que se sostiene a lo largo de 2026. Antes cayeron Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el 22 de julio en Oaxaca; Josué Martínez Contreras, el 16 de julio, también en Puebla; y Carlos Castro, el 8 de enero. Dos de los cuatro casos ocurrieron en el mismo estado y con seis semanas de diferencia, lo que sugiere un patrón territorial que las autoridades poblanas todavía no han explicado.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, pidió que ninguna hipótesis se descarte de antemano y advirtió que la impunidad que rodea a la mayoría de los ataques contra periodistas en México es precisamente lo que permite que se repitan. La organización, que agrupa a más de 1.300 medios del hemisferio, viene señalando desde hace años que el problema mexicano no es la ausencia de mecanismos de protección sino su incapacidad operativa: los sistemas existen, pero llegan tarde o no llegan.

Quién cuenta como periodista

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que la región no ha resuelto. Los mecanismos estatales de protección fueron diseñados pensando en reporteros acreditados de medios establecidos. Quien informa desde una página de Facebook en un municipio de doce mil habitantes rara vez encaja en esos formularios, aunque su exposición sea mayor: cubre a las mismas autoridades y a los mismos actores armados, sin el efecto disuasivo que da pertenecer a una empresa periodística conocida.

En Tehuitzingo, la información que producía Zúñiga Rosas era, para buena parte de sus vecinos, la única disponible sobre lo que hacía su municipio. Su muerte no solo deja un homicidio por resolver: deja también un territorio con menos ojos encima. Esa pérdida no aparece en ninguna estadística, pero es la consecuencia más duradera de este tipo de crímenes.