Ocho expresidentes de Costa Rica alertan a la SIP y al CPJ por el estado de la libertad de prensa
Los exmandatarios se reunieron con la misión internacional que evalúa la situación en el país y emitieron un comunicado conjunto. Costa Rica pasó del puesto 8 al 38 en la clasificación de RSF en cuatro años, mientras el Congreso vota hoy el canon a radio y televisión.
Que una misión internacional de libertad de prensa visite un país no es noticia en sí mismo. Que la reciban ocho expresidentes de la República, y que estos emitan después un comunicado conjunto advirtiendo por el deterioro del ejercicio periodístico, sí lo es. Es lo que ocurrió esta semana en Costa Rica, el país que durante décadas encabezó los rankings de la región.
Los exmandatarios expresaron su preocupación a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Comité para la Protección de Periodistas tras reunirse con la misión que ambas organizaciones desplegaron para evaluar la situación de la libertad de expresión en el país. En el comunicado sostienen que la presencia misma de esas organizaciones en territorio costarricense debería ser motivo de reflexión y preocupación.
La curva del descenso
El dato que ordena la discusión es de abril. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica quedó en el puesto 38 de 180 países, dos lugares abajo respecto del año anterior. En 2022 ocupaba el octavo lugar. Son treinta posiciones perdidas en cuatro años, un descenso que ningún otro país de la región con democracia estable registró en ese período.
La caída no responde a asesinatos ni a encarcelamientos de periodistas, que es lo que suele mover estos índices en América Latina. Responde a otra cosa: discurso estigmatizante desde el poder hacia medios y periodistas, y un clima adverso para el debate público plural, según lo que la SIP y el CPJ vienen documentando. Es el tipo de deterioro que no deja víctimas contables y por eso tarda más en reconocerse.
La presencia de la SIP y el CPJ en nuestro territorio debe ser motivo de reflexión y preocupación, señalaron los ocho exmandatarios en su comunicado conjunto.
El expediente que se vota hoy
La misión coincide con una decisión legislativa de peso. Este jueves la Asamblea Legislativa somete a segundo debate el expediente 24.461, que sustituye las tarifas de la Ley de Radio de 1954 por un canon progresivo que puede alcanzar el 7,73% de los ingresos brutos de la televisión abierta. La SIP y el CPJ alertaron el 26 de agosto que una carga económica desproporcionada capaz de sacar medios del aire amenaza el pluralismo informativo.
Ambas organizaciones fueron cuidadosas en un punto: reconocen la potestad del Estado de cobrar por el uso del espectro, que es un bien público, y no objetan la actualización de un cobro congelado durante siete décadas. Lo que cuestionan es la metodología y la proporción. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión costarricense pidió lo mismo en términos más técnicos: sustento verificable para los porcentajes.
Por qué el caso importa a la región
Costa Rica funciona en el monitoreo hemisférico como caso de control. Sin ejército, con alternancia sostenida y sin violencia contra la prensa comparable a la de sus vecinos, era el país donde el indicador servía para medir todo lo demás. Su retroceso obliga a revisar el supuesto de que la libertad de prensa se erosiona solo donde hay balas.
El mecanismo que muestra el caso costarricense es más silencioso y más difícil de denunciar: hostilidad verbal sostenida desde la autoridad, sumada a decisiones regulatorias que afectan la viabilidad económica de los medios. Ninguna de las dos cosas es censura en el sentido clásico, y ninguna deja un cuerpo ni un preso. Pero el resultado que miden los índices es el mismo.
Las organizaciones internacionales cierran esta semana su evaluación en el país. El voto de esta tarde en la Asamblea será, para efectos de ese informe, el primer dato duro del expediente.