Costa Rica define hoy un canon que las televisoras dicen que las saca del aire

Una emisora costarricense puede estar pagando hoy 100 colones al año por usar el espectro radioeléctrico: cerca de veintidós centavos de dólar. Ese es el punto de partida real de la discusión que la Asamblea Legislativa resuelve este jueves en segundo debate, y explica por qué casi nadie en San José defiende el statu quo. Lo que se discute no es si el cobro debe actualizarse, sino cuánto y con qué método.

El expediente 24.461, impulsado por el Poder Ejecutivo desde 2024, reforma la Ley de Radio de 1954 y reemplaza las tarifas nominales —de entre 100 y 3.000 colones anuales según tipo y potencia de la estación— por un canon progresivo calculado sobre los ingresos brutos anuales vinculados al aprovechamiento de las frecuencias concesionadas. Para la televisión abierta, ese porcentaje puede llegar al 7,73%. El proyecto también actualiza el régimen de infracciones y crea un fondo para el desarrollo audiovisual del país.

Un trámite que ya se cayó una vez

El recorrido legislativo ha sido accidentado. El 27 de julio el proyecto obtuvo un primer aval con 52 votos a favor y 2 en contra, pero el propio Plenario dejó sin efecto esa votación y retrotrajo el expediente para introducir un texto sustitutivo. La segunda ronda de primer debate se votó el 27 de agosto, esta vez con 48 votos a favor y 3 en contra. En el medio, diez diputados del llamado bloque democrático presentaron una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional.

Si el segundo debate prospera, todavía restan la firma del Ejecutivo y la publicación en La Gaceta para que la reforma sea ley. Como parte del acuerdo político que destrabó el trámite, las fracciones se comprometieron a impulsar después dos reformas complementarias: una para ajustar el canon a la realidad económica de las radios y otra para que el retiro de una concesión se sustente solo en criterios técnicos.

La cuenta de las televisoras

Teletica, operadora de Canal 7, ha sido la voz más audible del rechazo. Su director de Telenoticias, Rodolfo González Mora, leyó al aire un pronunciamiento en el que la empresa dice apoyar la actualización del canon pero cuestiona que el porcentaje carezca de criterios técnicos, y sostiene que ninguna otra actividad económica del país paga un gravamen tan alto sobre ingresos brutos. La televisora advirtió que, en los términos planteados, la reforma comprometería su viabilidad en la televisión abierta. La Cámara de Radio y Televisión, Canartel, respaldó esa posición: su presidenta, Saray Amador, calificó los montos de irracionales e injustos.

El detalle técnico importa más que el titular. Un canon sobre ingresos brutos no distingue entre facturación y utilidad: se paga igual en un año con pérdidas que en uno con márgenes altos. Para un negocio como el de la televisión abierta, cuyos ingresos publicitarios llevan una década erosionándose frente a las plataformas digitales, un porcentaje fijo sobre la parte alta de la cuenta de resultados pesa distinto que hace veinte años. El Gobierno responde que las tarifas son escalonadas y que solo cuatro empresas quedarían en el tramo superior.

El argumento del pluralismo

A la disputa comercial se sumó una capa de libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas alertaron el 26 de agosto que una carga económica desproporcionada capaz de sacar medios del aire constituye una amenaza al pluralismo informativo. Ambas organizaciones reconocieron la potestad del Estado de cobrar por un bien público, pero pidieron que la carga responda a criterios objetivos, proporcionales y transparentes.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, planteó que cuando una decisión regulatoria priva a la población de una fuente gratuita de información deja de ser un asunto empresarial. El director regional del CPJ para las Américas, José Zamora, pidió que la regulación del espectro no termine convertida en una herramienta para silenciar. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), desde Costa Rica, reclamó sustento técnico verificable para la metodología antes que una discusión sobre si corresponde o no cobrar.

El punto que las organizaciones subrayan es de audiencia, no de balance: la señal abierta sigue siendo la única sin costo de suscripción, y es la que llega a hogares de menores ingresos, zonas rurales y adultos mayores, además de cumplir una función durante emergencias y elecciones. Cada estación que sale del aire reduce esa cobertura.

La otra mitad del argumento también existe y no es débil: setenta años sin actualizar un cobro por un recurso público escaso produjo una renta injustificable, y parte de lo recaudado iría a financiar producción audiovisual local. La diputada Claudia Dobles, que votó en contra, resumió una tercera posición: hay que modernizar la ley, pero esta reforma no garantiza por sí sola diversidad informativa ni pluralidad de voces. El resultado de la votación de hoy dirá cuál de esos tres marcos se impuso.